jueves, 16 de enero de 2014

SACYR BLOQUEA EL NUEVO CANAL DE PANAMA

El tono del conflicto que rodea las obras de ampliación del canal de Panamá se enfría. Tras los esfuerzos diplomáticos realizados en los últimos días por las autoridades políticas de ambos países, el último en echar agua al incendio ha sido el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que ayer aseguró que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera, «va a terminar» el proyecto y pidió «confianza» en la negociación entre las partes para superar el problema de «flujo de caja» que amenaza con paralizar las obras este mes.
En una entrevista concedida a la agencia Efe, Manrique también aclaró que una propuesta financiera divulgada esta semana por Impregilo, otro socio del consorcio, que planteaba a la Autoridad del Canal (ACP) nuevos desembolsos de hasta 730 millones de euros adicionales a los 1.200 reclamados inicialmente, «es antigua» y está desfasada. Eso sí, negó que existan grietas entre los socios, como apunta la prensa panameña: «Nos une el objeto del propio consorcio, que es acabar el proyecto».
Trabajos que, en cualquier caso, no finalizarán en el plazo previsto en el contrato. Así lo ha reconocido la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la respuesta al requerimiento de información adicional que lanzó el regulador, que adelantó El País. En el documento, Sacyr reconoce que ha solicitado a la ACP una ampliación del plazo de ejecución (inicialmente fijado para el próximo mes de octubre) de un año y cuatro meses, aunque de momento no ha obtenido el plácet de las autoridades panameñas para llevar el fin de las obras hasta febrero del 2016.
En cualquier caso, la constructora asegura que el último cronograma realizado apunta a que los trabajos estarían finalizados, a más tardar, en junio del próximo año, «gracias a las medidas de aceleración que GUPC ha puesto en marcha: más inversión, más equipos y más personal».
Ese margen de seguridad que reclama Sacyr le evitaría el pago de las penalizaciones que estipula el contrato, de 220.000 euros por día de retraso, hasta un máximo de 40 millones. En la información remitida a la CNMV, la empresa cifra las garantías comprometidas por el consorcio en la obra, que ascienden a un total de 420 millones de euros, lo que explica en parte la importancia que tiene para las constructoras finalizar el proyecto.
Pese a los intentos para apaciguar la situación, Sacyr acusa en su escrito a la Autoridad del Canal de forzar que la reclamación llegue a la segunda instancia prevista en el contrato, la junta de resolución de disputas, «donde las reclamaciones tardan muchos meses en resolverse, mientras tanto GUPC sigue trabajando financiando los nuevos costes de la obra sin que exista un interés real del administrador de reconocer estos costes extras». 
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