El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha anulado el decreto presidencial del 22 de noviembre por el que tanto él, la Asamblea Constituyente y la Shura (Cámara alta) gozaban de blindaje ante cualquier sentencia judicial.
“El decreto constitucional se anula a partir de ahora", ha informado Selim al-Awa, político islamista y asesor de Morsi que ha redactado, junto al político liberal Ayman Nur, el nuevo decreto que sustituye al cancelado y que resulta inapelable ante los tribunales.
Por otro lado, el nuevo decreto mantiene la posibilidad de juzgar a los responsables de los asesinatos de manifestantes y civiles cometidos entre el 25 de enero de 2011 y el el 30 de junio de 2012, es decir, desde el inicio de la revolución contra Hosni Mubarak hasta que Morsi asumió el cargo.
La anulación del blindaje judicial se toma apenas unas horas después de que el Ejército alerte de trágicas consecuencias en Egipto si no hay consenso en el diálogo nacional, una cita boicoteada por el "Frente de Salvación Nacional" (oposición no islamista) que ha llamado a las protestas hasta que sus "reivindicaciones pacíficas y legítimas se materialicen".
El Ejército ha desempeñado tradicionalmente (también en la caída de Hosni Mubarak), un papel relevante. Tras los últimos disturbios, que se saldaron con siete muertos y centenares de heridos, los militares protegieron el Palacio presidencial de El Cairo al tiempo que se negaron a utilizar la violencia.
A pesar de la anulación del blindaje judicial, el referéndum constitucional continúa en vigor para el 15 de diciembre, porque “el cambio es legalmente imposible”, en palabras del portavoz del presidente de Egipto.
Según la normativa, el referéndum debe celebrarse dos semanas después de la presentación del proyecto de ley orgánica, que aprobó la Asamblea Constituyente el uno de diciembre.
El vicepresidente egipcio, Mahmud Meki, ha asegurado que habrá suficientes jueces para vigilar la consulta, después de que algunos grupos de la judicatura renunciaran a participar en la supervisión.
En caso de que el pueblo egipcio rechazara la Constitución, el presidente deberá elegir una nueva Asamblea Constituyente (compuesta por 100 personas) en un plazo de tres meses, con el objetivo de redactar una nueva Constitución en un período no superior a seis meses.
Por su parte, la oposición quiere un retraso en el referéndum que permita elaborar un texto más amplio. Denuncian que el texto actual abre la puerta a una mayor islamización de la ley y elimina garantías en las libertades, especialmente las de expresión y religión.
Pero los grupos islamistas que apoyan al presidente de Egipto, entre ellos los Hermanos Musulmanes, se niegan categóricamente a cualquier aplazamiento del referéndum constitucional
No hay comentarios:
Publicar un comentario